El CCS promueve una gestión de riesgo más inclusiva durante el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias

Hoy 22 de octubre se realizará el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias y el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) hace un llamado a las empresas, instituciones y organizaciones del país a fortalecer sus capacidades en gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, asegurando la participación y protección de todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad.

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Colombia viven más de tres millones de personas con discapacidad, siendo los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo los de mayor concentración de esta población. 

Sin embargo, a pesar de que la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013 establecen que se deben adoptar todas las medidas posibles para garantizar la protección y seguridad de las personas con discapacidad en situaciones de crisis, incluidas las emergencias y los desastres ocasionados por fenómenos naturales, así como su involucramiento en estrategias de prevención, aún existen brechas profundas en información, accesibilidad  y participación en la gestión del riesgo.

Para la muestra, la información sobre la participación de las personas con discapacidad en actividades de preparación y respuesta a emergencias a nivel nacional aún es limitada. En el caso de Bogotá, pese a que datos del gobierno local revelan que más de 458.000 habitantes (equivalente al 6,4 % de la población) tiene alguna discapacidad (auditiva, visual, física, intelectual, psicosocial, sordoceguera y/o múltiple), solo 24.731 participaron en el Simulacro de Evacuación 2024, según reportes del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Esta cifra, si bien evidencia algunos avances, sigue siendo insuficiente.  

“El principio de ‘nada de nosotros sin nosotros’ debe ser la base de toda gestión inclusiva. Garantizar la participación plena de las personas con discapacidad en la planeación, ejecución y evaluación  de simulacros y otras acciones de gestión del riesgo, no solo salva vidas, sino que fortalece la cultura organizacional y la responsabilidad social”, afirma Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS).

El llamado se sustenta en datos. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las personas con discapacidad tienen entre dos y cuatro veces más probabilidades de morir durante una situación de desastre que las personas sin esta condición. A su vez, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) advierte que solo el 20 % podría evacuar sin dificultad, mientras que el 6 % no podría hacerlo en absoluto.

Avanzar hacia una gestión del riesgo equitativa no requiere necesariamente grandes inversiones económicas, sino ajustes razonables, organización interna y compromiso institucional. Acciones simples como sensibilizar y capacitar al personal, garantizar señalización accesible y ofrecer comunicación clara y adaptada, pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte durante una emergencia. “Esto implica identificar y eliminar barreras físicas, comunicativas y actitudinales que limitan su acceso a la información, a los sistemas de alerta, a las rutas seguras de evacuación y a su participación en la creación de planes de emergencias”, añade Solano Luque.

Recomendaciones del CCS para una gestión de riesgos incluyente

El CCS propone una ruta de acción práctica para adoptar de cara al Simulacro Nacional de Evacuación del próximo 22 de octubre y en todos los ejercicios de preparación y respuestas ante emergencias y desastres con base en los lineamientos de la UNICEF, la Red GIRDD-LAC y el grupo AtenTOS de la Universidad Nacional de Colombia. 

Antes

• Conformar grupos de apoyo con personas capacitadas para asistir a quienes lo requieran durante una evacuación o emergencia.
• Evaluar la accesibilidad de los espacios físicos e implementar ajustes estructurales temporales o permanentes.
• Verificar que las rutas y salidas de evacuación estén libres de obstáculos.
• Contar con señalización, rutas de evacuación y protocolos de emergencia accesibles, (braille o relieve, contraste, pictogramas universales, sonidos, luces intermitentes, etc.), así como alarmas multisensoriales.
• Garantizar la participación y capacitación de personas con discapacidad en planes de emergencia, simulacros de evacuación, primeros auxilios y protocolos de continuidad del negocio.
• De ser posible, contar con una silla de ruedas o camilla de apoyo en puntos estratégicos de cada edificio o área.

Durante 

• Preguntar directamente a la persona cuál es la forma más segura y cómoda para ayudarle o trasladarle en caso de emergencia, reconociendo su autonomía y experiencia sobre su propio cuerpo.

• Garantizar acompañamiento permanente a cada persona con discapacidad, brindando el tipo de apoyo comunicativo o físico que mejor se ajuste a sus necesidades (por ejemplo, contacto, guía visual, táctil o uso de señas), de manera segura y respetuosa.
• Verificar que la persona se encuentre orientada y tranquila.  
• Evitar el uso de ascensores y seguir siempre las rutas seguras previamente acordadas.

Después 

• Evaluar las lecciones aprendidas, documentar hallazgos y ajustar protocolos.
• Garantizar la retroalimentación de las personas con discapacidad en los procesos de evaluación y actualización de los planes, asegurando que sus experiencias y recomendaciones sean tenidas en cuenta para fortalecer futuras acciones.

Una oportunidad para construir organizaciones más seguras y humanas

El Simulacro Nacional de Evacuación 2025 pondrá a prueba no solo la capacidad técnica de las organizaciones, sino también su compromiso con la inclusión, la equidad y el respeto por los derechos humanos. “Una gestión del riesgo verdaderamente inclusiva protege vidas, reduce pérdidas y contribuye al desarrollo sostenible. Cada acción cuenta: desde una rampa instalada hasta un mensaje accesible, cada decisión construye un entorno más seguro para todos. Debemos garantizar la participación de las personas con discapacidad en la identificación de sus propias necesidades en situaciones de crisis y en la co-construcción de estrategias antes, durante y después de una emergencia”, reitera Solano Luque.